El Covid-19 y sus efectos en el mercado de trabajo en Colombia: comentarios frente a las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de abril de 2020*

Preámbulo

 

Para la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, el país está entrando en la peor crisis laboral de toda su historia estadística. La cifras recientes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH a partir de la información recolectada a nivel nacional en el mes de abril del presente año, indican que la ocupación experimentó una contracción de 6 millones de puestos de trabajo en cuestión de dos meses. Esto regresa al país al nivel de ocupación que tenía a mediados de 2006, lo que significa que la crisis desatada por el Covid-19 destruyó los trabajos creados en 15 años. Al mismo tiempo la tasa de desempleo a abril de 2020 se disparó al nivel más alto de toda la serie estadística publicada por el Dane, 19,9%, la cual solo es comparable con aquella registrada durante la crisis de finales de los noventa del siglo pasado. Un aspecto revelador de la crisis está representado en el aumento repentino de  la población inactiva en 4,7 millones de personas entre febrero y abril de 2020, al tiempo que los desocupados se incrementaron el 1,3 millones. Así las cosas, en este momento son más los inactivos que los ocupados en el país, situación registrada por primera vez según las series de empleo publicadas por el Dane para los últimos 20 años  (ver Gráfico 1).

Es decir, lo que ha sucedido, es que de las seis millones de personas que dejaron de trabajar en la pandemia, bien porque perdieron el empleo o porque como independiente no pueden salir a trabajar, sólo el 21,7% han buscado empleo.

 

Colombia y el Covid-19

 

Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales para poner en marcha el aislamiento preventivo han logrado mantener relativamente bajo control la expansión del Covid-19 en Colombia hasta comienzos de junio de 2020. Preocupa, sin embargo, que el número de muertes diarias a nivel nacional viene en aumento sostenido desde mediados de mayo, al tiempo que las medidas de distanciamiento social se han venido relajando durante el mismo período. A diferencia de otros países en dónde el relajamiento del distanciamiento social se produce luego de constatarse un descenso en el número de muertes por Covid-19, Colombia lo está haciendo justo cuando la curva de decesos diarios por esta enfermedad se encuentra en su punto más alto (ver Gráfico 2).

De acuerdo con cifras consolidadas del boletín de prensa del Dane, para abril de 2020, el número de ocupados cayó 5,4 millones con respecto a igual mes del 2019, lo cual representa una reducción del 24,5%. Por grupos de edad, quienes reportaron la mayor reducción fueron los jóvenes entre 10 y 24 años con una caída del 24,7%. Por género, el empleo femenino resultó más severamente castigado en el último año al experimentar una contracción del 29,2% frente a 21,2% en el caso de los hombres. En términos absolutos, la mayor pérdida de la ocupación se da entre las mujeres de los 25 a 54 años, con 1,8 millones de empleos equivalentes a una contracción del 27,7% de la población ocupada femenina para este grupo etáreo. La contracción relativa del empleo fue más pronunciada para las mujeres que para los hombres en todos los grupos etarios (ver Gráfico 3).

Aunque la incidencia del Covid-19 en Colombia resulta más baja que la de otras naciones en América Latina, el país está altamente expuesto a la desaceleración mundial que repercutirá en una caída importante en nuestras exportaciones, hecho que por si mismo es suficiente para ocasionar una fuerte recesión económica. A ello se suma el impacto de la cuarentena en el funcionamiento del mercado interno y el aparato productivo. La suma de los dos factores es lo que, en opinión del BID, explicaría una caída importante del empleo y los ingresos que, al final pasaría a 1,8 millones de Colombianos de clase media a clase baja**. Esto es, se devela la mayor vulnerabilidad que ha generado el modelo de desarrollo predominante en Colombia desde los años 90, basado en la exportación de bienes primarios no renovables (petróleo, carbón y en general minería) o que afecta la biodiversidad y sustentabilidad de los territorios (monocultivos de azúcar, palma africana, etc.). En algunos países el Covid-19 no ha hecho crisis; las crisis son de origen social, dependen de la capacidad del sistema social para enfrentarlos y responder a ellos.

 

Tenemos elementos para pensar que esa reducción en el empleo y los ingresos pronosticada por el BID se podría quedar corta. La destrucción de puestos de trabajo ocasionada por el modelo de desarrollo en el contexto de la crisis del Covid-19 (6 millones de empleos entre febrero y abril de 2020), equivale a la generación de puestos de trabajo que habíamos logrado en los últimos 20 años en Colombia. Justamente esa generación de puestos de trabajo, asociada al aumento de los ingresos de la población colombiana, hizo posible que millones de personas salieran de la pobreza***. Y justamente es la coyuntura actual originada en los efectos recesivos del Covid-19 la que está reversando las ganancias sociales del país en las dos últimas décadas, período en el cual pasamos de una pobreza por ingresos de casi el 50% de la población colombiana en 2002 a un 27% en el año 2018, según estimaciones del Dane. 

 

De acuerdo con un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes publicado el 18 de mayo de 2020 (dias antes de la publicación del boletín del Dane de la GEIH), la crisis del Covid-19 podría destruir alrededor de 7,4 millones de empleos en el corto plazo, lo que llevaría a un aumento de 15 puntos porcentuales en la pobreza monetaria y un incremento del coeficiente de Gini de 0,51 a 0,57****.  En otras palabras, esto significa perder todo el progreso en materia de pobreza monetaria y desigualdad de las dos últimas décadas, con el agravante que Colombia ocupa el deshonroso segundo puesto como el país con mayor desigualdad del ingreso de América Latina después de Brasil*****.    

 

Salidas y alternativas

 

Las anteriores cifras dan para avisorar que la crisis del Covid-19 en el empleo tiene el potencial de tornarse mucho más profunda y severa que las otras crisis documentadas en la historia estadística del país. Frente a esto, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una serie de iniciativas que amplian la base de beneficiarios de programas de transferencias monetarias para la población vulnerable (“Ingreso Solidario”) que, sin embargo, se quedan cortas en cuanto a cobertura y capacidad para compensar la caída de los ingresos de los hogares colombianos. A esto se suma que los programas de ayuda para la conservación del empleo tales como “Unidos Colombia” no llegan a la mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas, y dejan por fuera a toda la masa de trabajadores informales independientes y cuentapropistas. Los programas anunciados para la creación de líneas de crédito para el sector empresarial con el fin de preservar el empleo, resultan complicados de acceder para la mayoría de empresarios. Verbigracia, de los 10 billones de pesos destinados por el Gobierno Nacional a la línea de crédito para el pago de nóminas, tan solo se han desembolsado 2.016 créditos para pymes y apenas tres créditos para microempresas, es decir, 2019 créditos por un monto de $663 mil millones de pesos que son apenas el 6,6% del presupuesto asignado******.    

 

La crisis actual exige soluciones de política que protejan el empleo, la dignidad y los medios de subsistencia de toda la población trabajadora en Colombia. En tal sentido, la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo hace un llamado para que se respeten los derechos laborales adquiridos y se garanticen las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de asociación. Igualmente, la Asociación expresa su desacuerdo con las iniciativas de algunos representantes gremiales y del Gobierno Nacional en el sentido de aprovechar la actual coyuntura para aprobar nuevas reformas que precarizan las condiciones del trabajo bajo el pretexto de “flexibilizar el empleo” como via para generar nuevos puestos de trabajo. Consideramos que la couyuntura actual exige fortalecer los mecanismos de protección del empleo, no debilitarlos.  

 

Frente a la magnitud de la crisis, desde la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo apoyamos la iniciativa firmada y radicada el pasado 27 de mayo ante el Congreso de la República por parte de 54 legisladores con la cual se busca la creación de una renta básica de emergencia, consistente en la asignación no condicionada de un salario mínimo mensual por el término de tres meses a todos los hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad en Colombia******. Con esta iniciativa el país tiene la posibilidad no solo de darle una ayuda crucial al segmento más afectado de la población durante la presente crisis; también se sentarían las bases de una recuperación paulatina, segura y controlada de la actividad económica a partir del sostenimiento del consumo de la población más vulnerable, que no se vería empujada por la fuerza de la necesidad a salir desesperada a las calles en busca del sustento para sus familias. Con ello se devolvería la dignidad a millones de hogares que perdieron sus medios de subsistencia durante la presente crisis, muchos de los cuales no cuentan con acceso a los programas del Gobierno tales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor que, el cualquier caso, son insuficientes para atender las necesidades mínimas de la población que si los recibe en la actualidad.

 

Sin duda, la Renta Básica de Emergencia representa el programa más ambicioso de ayuda a la población vulnerable en Colombia durante toda su historia. En este sentido, el programa responde a la necesidad histórica de hacer frente a una crisis igualmente sin precedentes. Los textos de historia económica nos enseñan que solo cuando Estados Unidos decidió emprender un programa de reactivación económica a partir de inversiones colosales en infraestructura, logró salir de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Para ello se demoraron más de tres años en reaccionar y esa nación sufrió muchísimo; ahí casi colapsa el capitalismo por inacción. La ciris actual es muy parecida, en el sentido que la magnitud de la contracción económica será, probablemente, la mayor registrada en toda la historia estadística de Colombia. Podríamos aferrarnos erroreamente a un conservadurismo económico, por naturaleza reacio a este tipo de iniciativas, que en últimas empujaría a todo el sistema hacia otra gran depresión.

 

El proyecto de Renta Básica de Emergencia tiene el potencial de evitar un colapso social sin precedentes y el momento de implementarlo es ahora que es cuando la gente tiene hambre en su casa y más lo necesita. La crisis actual exige pensar por fuera de lo común: ello implica buscar alternativas de financiación que pasan por reajustar el sistema tributario para hacerlo menos injusto y más progresivo. No puede ser que el coeficiente de Gini en Colombia sea de los más altos del mundo y que nuestro sistema tributario haga muy poco por corregir ese nivel aberrante de desigualdad. También podríamos acudir a una emisión monetaria del Banco de la República que, dentro de unos niveles prudentes que no desborden la inflación, aporte a resolver la crisis social. Podemos pensar en esquemas de crédito garantizados por el Estado con condiciones favorables para reactivar al sector productivo. En síntesis, podemos pensar en ser más solidarios para soñar con un mundo mejor. O podemos dejar que nos consuma el egoismo y sumirnos en la Gran Depresión del Siglo XXI, quizá peor que la del siglo XX.

 

Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo -Acet

Bogotá, 9 de junio de 2020.  

* Texto preparado por Jairo Guillermo Isaza Castro, presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo en Bogotá el 7 de junio de 2020, por encargo de la Junta Directiva. Se agradecen los valiosos comentarios y aportes de Javier Pineda, Jaime Rendón y Jorge Coronel. 

** Altamirano, A., Azuara, O. González, S. 2020) ¿Qué efectos tendrá la COVID-19 sobre el empleo de América Latina y el Caribe? En: Factor Trabajo - blog de la División de Mercados Laborales del BID. Disponible en: https://blogs.iadb.org/trabajo/es/que-efectos-tendra-la-covid-19-sobre-el-empleo-de-america-latina-y-el-caribe/ -acceso: 7 junio 2020.    

*** Isaza-Castro, J. 2018 Assessing the impacts of large-scale macroeconomic reforms on labour markets, poverty and income distribution: the case of Colombia. Ponencia presentada en el “Fourth International Conference on Democratic Governance in the Developing World”, FGV -Brazilian School of Public and Business Administration, Rio de Janeiro.  

**** Universidad de Los Andes, 2020 Efectos en pobreza y desigualdad del Covid-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas. Nota Macroeconómica No. 20. Facultad de Economía - Universidad de los Andes.

***** CEPAL (2019). Panorama social de América Latina, Santiago, Naciones Unidas. -Referenciado en Universidad de Los Andes, 2020, Nota Macroeconómica No. 20.

****** Estimaciones a partir de cifras publicadas en CUT y CTC (2020) Boletín No. 8 del Observatorio Laboral en Tiempos de Coronavirus, 29 de mayo de 2020. 

******* Proyecto de Ley “por medio del cual se modifica el Decreto Ley 518 de 2020 “por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia”.